La Colegiación de Abogadas y Abogados: “Un llamado para la Transformación Jurídica”.

La Colegiación de Abogadas y Abogados: “Un llamado para la Transformación Jurídica”.

Como abogado y activista comprometido con la Transformación de nuestras instituciones, recientemente realicé una solicitud de información al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato para conocer la existencia, estructura y regulación de los Colegios Municipales de Profesionistas de la Abogacía.

De acuerdo con la respuesta oficial emitida por la Unidad de Transparencia del Gobierno del Estado, existen 15 asociaciones civiles registradas como Colegios Municipales de Abogados y Abogadas ante la Dirección General de Cobertura y Profesiones de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Sin embargo, estos colegios solo están presentes en 12 de los 46 municipios de la entidad: Acámbaro, Celaya, Dolores Hidalgo, Irapuato, Guanajuato, León, Moroleón, Salamanca, San Francisco del Rincón, San Miguel de Allende, Valle de Santiago y Yuriria.

En total, se encuentran 965 abogadas y abogados colegiados en el estado, siendo León el municipio con el mayor número de integrantes (390). Por su parte, San Miguel de Allende destaca por contar con la mayor participación femenina, con 60 abogadas frente a 50 abogados.

Un dato simbólico pero revelador: solo un colegio en todo Guanajuato es incluyente en su denominación, al reconocer a las mujeres profesionistas de manera explícita. Se trata del Colegio a la Legalidad y al Derecho Social Dolores Hidalgo, C.I.N. Guanajuato, A.C., que evita excluir al referirse únicamente a “abogados”. En pleno siglo XXI, esta práctica debería ser la norma, no la excepción.

La información también revela que los cargos directivos en los colegios tienen una duración de dos años, lo cual, en principio, podría permitir una rotación democrática del liderazgo. No obstante, la colegiación en Guanajuato aún no cumple con su verdadera misión: fortalecer la ética, la capacitación continua y la responsabilidad social del gremio jurídico.

La fragmentación actual de los Colegios, su escasa cobertura territorial y la falta de regulación uniforme, evidencian la necesidad de una política pública que impulse su fortalecimiento. La colegiación obligatoria o incentivada, con perspectiva ciudadana y de servicio público, debe ser parte de la agenda legislativa y gremial. No se trata de imponer estructuras verticales, sino de construir redes locales de abogacía comprometida, con capacidad de incidencia en los tres niveles de gobierno, así como en las distintas áreas de impartición de justicia y solución de los conflictos.

La Transformación Jurídica, que comenzó con el Poder Judicial —a la que hoy aspiramos como país— debe ir acompañada de una transformación interna del gremio de la abogacía. No puede haber una justicia cercana, digna y confiable si quienes la ejercen desde la defensa, la asesoría o la judicatura no comparten un compromiso común con la sociedad.

Por ello, urge fortalecer e impulsar la colegiación profesional, ya sea obligatoria o incentivada, pero siempre con perspectiva ciudadana y de servicio público. La colegiación no debe entenderse como un trámite burocrático o un privilegio gremial, sino como un instrumento de garantía social, que permita asegurar que cada abogada y abogado ejerza su profesión con competencia técnica, ética y sensibilidad humana.

“Es momento de que el gremio se mire a sí mismo, se organice desde lo local y se comprometa con la justicia que la sociedad exige”.