“Acoso y despidos en el Parque Metropolitano de León: trabajadores denuncian represalias por intentar sindicalizarse”

León, Gto. — Más de 60 trabajadores del Parque Metropolitano de León aseguran que fueron despedidos injustificadamente luego de intentar organizar un sindicato. Acusan que la administración incurrió en hostigamiento, persecución e intimidación para frenar su iniciativa.

Entre los afectados se encuentran operativos, jefes de área y coordinadores. Según los testimonios recabados, los despidos ocurrieron sin avisos formales: abogados enviados por despacho externo acudieron al lugar, sin identificarse o mostrar poderes notariales, y exigieron la firma de cartas de renuncia. Al negarse, varios trabajadores fueron “despedidos en ese momento”.

Uno de los denunciantes, Rodolfo Chacón, relató que incluso fue seguido hasta su domicilio por patrullas sin rotular, lo que reforzó su sensación de persecución. Al reportar la situación al sistema de emergencias, le confirmaron que había un “operativo de vigilancia”. Él vincula estos hechos con su activismo para sindicalizarse: “Cuando comenzamos a organizarnos, los que alzamos la voz fueron los primeros despedidos”, dijo.

Los denunciantes señalan que el problema se intensificó desde agosto pasado, tras la llegada de la nueva directora del Parque Metropolitano. Desde entonces, relatan un incremento en actitudes de acoso, sanciones injustas y exclusión. Alegan que ciertos empleados ya habían presentado denuncias ante la Contraloría, pero nunca se les dio seguimiento serio.

Un elemento que genera especial preocupación es la participación —o al menos la presencia— de elementos policiales durante algunos despidos. En un episodio, cuentan, una trabajadora fue retirada en una motocicleta oficial sin explicación clara. Además, aseguran que la administración impidió que los despedidos recuperaran sus pertenencias o cerraran sesiones en sus equipos de trabajo, mientras seguían teniendo acceso a sus cuentas institucionales.

Crítico para el caso es el reclamo de que estos despidos no obedecen a razones laborales válidas, sino que serían represalias por ejercer un derecho constitucional: la libertad sindical. Los denunciantes advierten que esto podría constituir una violación de leyes nacionales y tratados internacionales, como los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La magnitud de los despidos y la forma en que ocurrieron ha llevado a los afectados a preparar denuncias ante instancias estatales, federales e internacionales. También advierten que casos similares han sido reportados en otras dependencias municipales, como el Instituto de la Juventud y el Instituto Municipal de las Mujeres, donde se han registrado “renuncias forzadas” o despidos irregulares.

“No es algo aislado del Parque Metropolitano: va en toda la administración municipal”, concluyeron los líderes sindicales.

La postura del Parque Metropolitano

Ante las acusaciones, Margarita Alba Contreras, directora del Parque Metropolitano, declaró que los despidos (al menos siete) no respondieron a una “venganza” por denuncias o afiliaciones sindicales. Según ella:

Se llevaron a cabo “ajustes administrativos” como parte de un proceso de optimización del parque.

Asegura que hubo “pérdida de confianza” con ciertos empleados, y que las rescisiones obedecieron a un estudio técnico y jurídico. 

Señaló que el crecimiento del parque —se han incorporado 22 hectáreas— exige cambios operativos para garantizar una “mejor experiencia de los usuarios”.

Explicó que uno de los despedidos ocupaba un puesto jurídico dentro de la dirección general, por lo que contrató despacho externo para hacer las notificaciones.

Negó que los despidos estén vinculados con quejas presentadas ante la Contraloría o con la afiliación a un sindicato independiente

Añadió que las investigaciones ante el organismo municipal continúan sin determinación final. 

En apoyo a esta versión, el municipio emitió un comunicado señalando que las decisiones derivan de una evaluación técnica y jurídica, con el fin de “ordenar procedimientos, optimizar recursos y fortalecer la gestión pública”. 

¿Qué sigue?

Los trabajadores afectados planean denunciar ante instancias estatales, federales e incluso internacionales, argumentando que los despidos habrían violado derechos laborales fundamentales como la libertad sindical. También advierten que casos similares podrían estar replicándose en otras dependencias municipales, como el Instituto de la Juventud o el Instituto de las Mujeres.