Titular de Honestidad busca una notaría; Gobierno descarta conflicto de interés

La secretaria de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública de Guanajuato, Arcelia González González, presentó el examen para acreditarse como aspirante a notaria pública, paso obligatorio para obtener un Fíat. Aunque el Gobierno estatal asegura que no existe conflicto de interés, la decisión de la funcionaria ha detonado cuestionamientos que alcanzan directamente a una de las áreas más sensibles de la administración.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, la Ley del Notariado no establece ningún impedimento para que González participe. En un intento de blindar el proceso ante críticas, la dependencia de Honestidad se retiró como observadora del concurso, dejando la supervisión en manos de un organismo externo.

González defendió su aspiración argumentando que su trayectoria en el ámbito jurídico la respalda y que compite en igualdad de condiciones que cualquier otro aspirante. Sostuvo que su proyecto profesional es legítimo y ajeno a su posición actual dentro del Gobierno.

Sin embargo, la polémica no tardó en escalar. Desde el Congreso local, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor cuestionó que la funcionaria, encargada de velar por la integridad del gobierno estatal, busque simultáneamente una notaría, lo que —a su juicio— puede interpretarse como un uso de influencia o como un movimiento personal aprovechando la estructura pública.

A este debate se suma un elemento político inevitable: el desgaste que esta postura genera para el Gobierno del Estado, encabezado por Libia Dennise García, justo en una de las áreas más observadas y criticadas por su falta de resultados: Transparencia y Honestidad.

La dependencia no solo arrastra señalamientos por avances limitados en materia de combate a la corrupción, sino que ahora queda expuesta a percepciones de que, lejos de fortalecerse, funciona como un trampolín para aspiraciones personales de su titular. Esto abre un flanco político innecesario para una administración que busca consolidar confianza ciudadana y mostrar control en temas de integridad pública.

El proceso estatal de oposición para nuevas notarías se desarrolla con acompañamiento externo para garantizar imparcialidad. Sin embargo, el debate vuelve a poner sobre la mesa una línea que, aunque legalmente clara, social y políticamente es mucho más delicada: la diferencia entre ejercer un derecho y asumir un riesgo ético que puede minar la credibilidad institucional.